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Observatorio entrega resultados del monitoreo social de la ley aborto en La Araucanía

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Con una convocatoria abierta a toda la comunidad, el Observatorio de Equidad en Salud según Género y Pueblo Mapuche presentó los resultados del monitoreo social de la implementación de la Ley de Interrupción Involuntaria del Embarazo (IVE), el cual se aplicó en el Servicio de Salud Norte y Sur de la región de La Araucanía durante el año 2018.

El monitoreo social fue diseñado y guiado por Fondo Alquimia y por el Observatorio por el Derecho al Aborto (ODA) perteneciente a la Mesa Acción por el Aborto, sobre la base de una metodología diseñada por International Planned Parenthood Federation (IPPF), con el objetivo de indagar en el conocimiento de la ley por parte del personal de salud, usuarias del sistema de salud público y comunidad en los diferentes establecimientos.

En La Araucanía, el Observatorio de Equidad en Salud según Género y Pueblo Mapuche fue el organismo encargado de llevar a cabo el seguimiento durante 6 meses, a través de  encuestas, entrevistas y grupos focales. Dentro de la investigación se consideraron diferentes relatos de personal administrativo y prestadores de salud de la región, usuarias de Centros de Salud Familiar de Temuco, Padre las Casas y Boyeco, al igual que activistas y mujeres mapuche y no mapuche de organizaciones sociales, ligadas principalmente a las temáticas de Pueblos Originarios, Violencia de Género y Derechos Sexuales y Reproductivos.

El monitoreo se realizó en forma simultánea a lo largo del país, especificamente en Antofagasta, Valle en Atacama, Valparaíso, Santiago, Concepción, La Araucanía y Aysén.  Elga Arroyo, integrante del núcleo técnico del Observatorio de Equidad en Salud según Género y Pueblo Mapuche y una de las dos encargadas de desarrollar el monitoreo en la región, señaló que “la planificación de esto es hacerlo a nivel país y además hacerlo en forma más sistemática porque la implementación tiene muchas etapas y una ley como esta, que ha tenido tantos detractores, no es fácil de implementar”.

El estudio arrojó diversos resultados, entre ellos, un mejoramiento de la atención en salud sexual y reproductiva, un fortalecimiento de la red de contactos y comunicación, buena calidad de atención y resolución de dudas en los controles del embarazo y la privacidad en la atención, aunque no así en cuanto a información sobre los métodos anticonceptivos.

Por otra parte, la investigación también demostró las dificultades y desafíos que enfrenta la implementación de la Ley IVE en la región, como por ejemplo la violencia obstétrica que sufren las pacientes, la poca información que maneja la población respecto a problemas de salud reproductiva, la falta de capacitación en la Atención Primaria de Salud (APS) sobre la Ley IVE, la desinformación y prejuicios hacia las usuarias, además de la objeción de conciencia y consecuentemente, el no respeto al derecho de las mujeres. 

La actividad se realizó el 27 de junio en la Facultad de Medicina de la Universidad de La Frontera, mediante un conversatorio acerca de la ley 21.030, donde además de la presentación de los resultados, se discutió sobre el rol de la atención primaria en la acogida y acompañamiento, los procedimientos, derivaciones y objeción de conciencia, y el acceso a la información por el derecho a decidir de las mujeres.

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