I Parte Despenalización en 3 Causales: Y Nos Siguen Negando El Derecho A Decidir

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Publicado el Miércoles, 13 Septiembre 2017 21:42

El debate parlamentario estuvo plagado de discursos morales y religiosos que no  dejan entrever la separación Estado e Iglesia, anteponiéndose así los intereses de religiones ante los intereses y la seguridad de seres humanos de este país.

María José Castillo, abogada Corporación Humanas.

El pasado 16 de agosto, se llevó a cabo en dependencias de la Universidad de La Frontera el seminario “Discusión Social y Política Sobre el Aborto, Desde el Derecho a Decidir de las Mujeres” actividad organizada por el Observatorio de Equidad en Salud según Género y Pueblo Mapuche, encuentro de primer nivel que generó interés tanto por la temática como por las intervenciones. Para todxs aquellxs que no pudieron asistir al encuentro, nuestro equipo ha preparado una serie de cuatro artículos con las principales temáticas discutidas en el seminario. La primera, se ha enfocado en los aspectos legales del Proyecto de Ley Aborto en Tres Causales.

Señalar, que en la instancia participó María José Castillo, abogada Corporación Humanas; Victoria Vilch, estudiante de Obstetricia y Puericultura UFRO y representante de la agrupación Investigación y Promoción de Matronería (INPROM);  Carolina Alarcón Bravo, Coordinadora de la Red De Atención A Víctimas De Violencia Sexual Araucanía Sur; Mahuida Hormazabal y Bárbara López de la organización feminista AccioFem; Gloria Maira, activista feminista del Fondo Alquimia y Margarita Calfio Montalva, Investigadora y Asistente Social.

El encuentro, que se realizó en medio de la revisión del Tribunal Constitucional al Proyecto de Ley de Aborto en tres causales y que finalmente rechazó el requerimiento de inconstitucionalidad, interpuesto por parlamentarios de oposición al gobierno, dio cuenta de las limitaciones del Proyecto de ley, en particular; la burocracia que va a generar una vez puesta en marcha, la urgente revisión que requieren las mallas curriculares de las Escuelas de Matronería en Chile y su adecuación a la ley, y principalmente de cómo la discusión se centró y sigue centrando en argumentos religiosos y morales en desmedro de los Derechos Humanos de las Mujeres, donde además nosotras, las mujeres, hemos estado casi ausentes del debate.

No somos dueñas de nuestra cuerpa, no tenemos derecho a decidir

A juicio de María José Castillo, abogada Corporación Humanas, el debate en torno a las 3 Causales ha sido complejo y frustrante: La actuación de la ley se restringe al riesgo vital de la mujer y no cuando esté en riesgo su salud y peor aún no ha tenido como centro el  derecho a decidir. En este sentido, reveló que para la organización feminista Humanas, fue sumamente difícil posicionarse respecto a una ley que no reconoce precisamente este derecho que es vital.  No obstante, la aprobación del Proyecto Tres Causales se espera pueda ayudar en los casos de urgencia y sirva como base para comenzar a despenalizar socialmente el aborto, explicó.

“Chile es un país que se considera laico desde su consagración constitucional en 1925. Sin embargo el debate parlamentario estuvo plagado de discursos morales y religiosos que no  dejan entrever la separación Estado e Iglesia, anteponiéndose así los intereses de religiones ante los intereses y la seguridad de seres humanos de este país.

La burocracia, un gran obstáculo

La intervención de María José Castillo en el seminario también apuntó a la excesiva tramitación que tendrán que realizar las mujeres que requieran realizarse un aborto. En los casos de violación existe obligación a realizar denuncia, situación que vulnera la autonomía de las mujeres a decidir por ellas mismas cuándo hacerlo; además el equipo de salud debe confirmar la ocurrencia de los hechos entregando a la afectada una certificación especial: es decir seguimos poniendo en duda la credibilidad de las mujeres.

Otro aspecto importante es que la ley no establece ningún proceso para reclamar inconformidades. Por ejemplo si el equipo médico estima que no ha ocurrido violación, la mujer no tiene cómo enfrentar esa situación. En este mismo sentido se debe considerar que las pericias realizadas en Chile para verificar casos de violación son de alto estándar, encontrándose entre los más estrictos del mundo. Por tanto es posible que muchas mujeres queden sin el derecho a interrupción porque el equipo médico estime la no ocurrencia del delito.

Respecto a los plazos de interrupción también se observan insuficientes. Por ejemplo en el caso de las niñas el plazo para interrumpir es de 14 semanas, aun cuando la documentación existente indica que las mujeres adolescentes y niñas víctimas de violación en contexto intrafamiliar –que corresponde al mayor número de casos- reconocen tardíamente un embarazo. Por lo tanto la mayoría se niega a ir al médico, asumiendo su estado cuando este se encuentra muy avanzado.

Más grave aún es la objeción de conciencia del equipo médico y/o la institución donde se requiere realizar la intervención. Situación cuyos efectos hemos visto en el país vecino Argentina, donde a niñas con embarazos riesgosos y mujeres se les ha negado atención médica.

Una burocracia similar ocurre en los casos de inviabilidad fetal, donde la ley exige dos certificados médicos, es decir dos diagnósticos además de la obligación de la madre a informar por escrito que requiere una interrupción del embarazo. En suma, no se ha considerado el estado mental de la afectada, por el contrario, la ley se ha dispuesto para poner varias trabas a quien requiera de este tipo de intervenciones.

Revisar presentación abogada María José Castillo